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| Fuente. Internet. |
Por: Juan Pablo
Ruiz Soto
Para los ambientalistas, el avance y consolidación del
proceso de paz es fundamental, pues como lo dice el “Acuerdo general para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”,
firmado en Cuba: “El desarrollo económico, con justicia social y en armonía con
el medio ambiente, es garantía de paz y progreso”.
Después de los
discursos de la partes en Oslo, surge la pregunta y la necesidad de precisar a
qué se refiere el acuerdo cuando habla sobre una ‘Política de desarrollo
agrario integral’, primer punto de la agenda para avanzar en el proceso.
Si nos remitimos al
acuerdo firmado en Cuba, el concepto de desarrollo agrario integral hace
referencia al acceso y uso de la tierra, al manejo de tierras improductivas, a
la formalización de la propiedad, a la fijación de frontera agrícola y
protección de zonas de reserva, al desarrollo de infraestructura y a la
adecuación de tierras, a la necesidad de estímulos para la producción
agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa; a asistencia técnica,
subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo de productos agropecuarios
y formalización laboral, y al sistema de seguridad alimentaria. Todo lo
anterior en el marco de un desarrollo con enfoque territorial. En síntesis, el
Acuerdo se refiere al tema de la propiedad del suelo para uso agropecuario y a
la dinámica y desarrollo del sector agropecuario, y no a todo lo que sucede en
el espacio rural.
Márquez, en su
discurso, pronunciado en representación de las Farc, después de presentar
algunas cifras respecto del uso del espacio rural en temas asociados a minería
y uso agropecuario, entra a tratar el tema del desarrollo agrario integral y
retoma el tema de la estructura de la tenencia de la tierra, la desigualdad y
la violencia en el campo como las razones fundamentales del levantamiento
armado de las Farc. Luego hace referencia al ‘concepto tierra’ y dice que,
según las Farc, éste va más allá de lo relacionado con lo agrario y que
encierra los temas centrales del país, dado que está ligado al territorio, al
subsuelo y al ‘sobresuelo’. Luego se refiere a la propuesta de Ley general
agraria y de Desarrollo rural. Afirma que éste es “un proyecto de
reordenamiento territorial concebido para abrirle campo a la economía
extractiva en contra de la economía campesina, en desmedro de la soberanía
alimentaria y del mercado interno, al superponer el mapa minero-energético
sobre el espacio agrícola” y hace referencia puntual a algunas explotaciones
minero-energéticas.
Sin entrar a discutir si los planteamientos de Márquez
son o no validos, es evidente que, en el Acuerdo General inicial, en el tema de
desarrollo agrario integral no se incluyeron todos las actividades económicas
que se realizan en el espacio rural. Temas como minería y tratados de libre
comercio podrían ser retomados como parte de una propuesta en una futura
campaña política de las Farc, pero su resolución, según el contenido del
Acuerdo General, no debe ser un impedimento para llegar a un acuerdo de paz.
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