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| Matador. |
Por: César
Rodríguez Garavito
Esa es la pregunta que dejó en el aire Nicholas Stern, el reputado
economista que hizo el estudio más influyente sobre el costo del cambio
climático y vino al congreso anual de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en
Cartagena.
Preguntado sobre el
dilema entre conservar o abrir la Amazonia a la minería, respondió: “Puede
resultar más rentable dejar esos recursos enterrados que explotarlos”. Tiene
razón Stern. Pero como sus cuentas no cuadran con las de los economistas del
Gobierno, hay que ir por partes para entenderlas. Y para ver que la solución al
“desastre ambiental” que advirtió la contralora Morelli no es sólo ponerle
rieles a la locomotora, sino pensar seriamente en irnos bajando de ella.
Así son las
cuentas. Muchos nos beneficiamos desproporcionadamente de las acciones que
agravan el calentamiento global: usted y yo, que liberamos toneladas de carbono
y otros gases de efecto invernadero al comer carne, viajar en carro y avión y
consumir mucho más que las personas cuya pobreza no les permite siquiera
acceder a este periódico; las empresas que hacen bastante más de lo mismo al
explotar o utilizar energía de combustibles fósiles como el petróleo o el
carbón, y los gobiernos que facilitan todo lo anterior al estimular la
producción de esos combustibles, o abrir las selvas a la minería y la
ganadería.
El calentamiento
planetario resultante tiene un costo altísimo. Según el Informe Stern, está
entre el 5% y el 20% del PIB mundial anual. Costo que no pagamos quienes
causamos el daño, sino principalmente los que han hecho poco o nada para
generarlo, como los habitantes de los barrios pobres que se inundan por las
lluvias extremas o las generaciones futuras que heredarán las consecuencias.
Por eso, las
soluciones a la crisis apuntan a revertir la situación, haciendo pagar a los
que más contaminan y compensando a los que menos. Aunque no ha funcionado por
falta de acuerdos internacionales y voluntad de gobiernos y empresas, esa es la
lógica de sistemas como los mercados de carbono, que recompensan a comunidades
y países que preserven bosques y se abstengan de contaminar.
¿Qué tiene que ver
todo esto con la locomotora minera o con el debate sobre la moratoria minera
que en buena hora el Gobierno decretó en la Amazonia? Todo. Porque la lógica de
la locomotora es maximizar los ingresos de corto plazo, aunque impliquen costos
económicos (y no económicos) mayores, representados por el valor de la
biodiversidad perdida y las toneladas adicionales de carbono que liberan los
combustibles desenterrados y las selvas deforestadas. La lógica de la moratoria
en la Amazonia —que el ministro Uribe debería mantener— es justamente la
inversa.
El problema es que
es fácil saber el precio de los minerales y encontrar compradores, pero no lo
es calcular el valor de la biodiversidad ni encontrar quién pague por
preservarla. Como lo dijo Stern, para eso habría que cambiar las cuentas y las
reglas de juego globales, que hoy hacen más rentable acelerar la locomotora que
detenerla.
El ambiental es un
problema parecido al de las drogas. Las políticas existentes no están
funcionando y reemplazarlas requiere coordinación internacional. De ahí que los
cambios tengan que ser graduales y que la iniciativa deba venir de los países
que son más afectados.
Como con las
drogas, Colombia es uno de los países más golpeados por el cambio climático.
También es uno de los más biodiversos y copropietario de la Amazonia, pulmón
del planeta. De modo que el Gobierno tiene todo para tomar la iniciativa
también en este tema.
La oportunidad es
justamente la moratoria en la Amazonia. Como lo hizo Ecuador con el parque
Yasuní, el Gobierno podría ofrecer extenderla indefinidamente si la comunidad
internacional recompensa al país por los recursos no extraídos y por la biodiversidad
y el carbono retenidos. Seguro Stern ayudaría a hacer las cuentas.
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