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| Fuente: eltiempo.com |
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Organizaciones manifiestan
que un cambio de vocación económica generaría inestabilidad en la zona.
En Jericó, la renta de un
apartamento pasó de 150 mil pesos a 350 mil en los últimos dos años. Los
propietarios quieren arrendarles a los "nuevos ricos del pueblo": los
geólogos e ingenieros de la minera.
De igual manera, en esta
nueva cosecha las fincas de café -primer renglón económico de la zona- han
tenido dificultades para conseguir trabajadores.Antiguos caficultores que se
ganaban el mínimo, ahora captan más de un millón de pesos ayudando en las
labores de exploración que adelanta desde hace cuatro años la Anglogold Ashanti en la vereda Quebradona.
"El apoyo económico de
la multinacional a instituciones del pueblo, como la Alcaldía, ha hecho que no
se piense en las consecuencias sociales y ambientales que traería una eventual
explotación a cielo abierto, cuando empiecen a usar cianuro y mercurio y dañen
la capa vegetal de algunas zonas", afirmó Fernando Jaramillo, coordinador
de la Mesa Ambiental de Jericó.
Esta misma preocupación la
comparten varias organizaciones en Caramanta, Támesis, Valparaíso y Jardín,
donde diversas empresas sobrevuelan, tienen hombres recolectando minerales por
quebradas y fincas, y en muchos casos han instalado plataformas para hacer
perforaciones de más de 300 metros para extraer muestras.
Según Claudia Cadavid,
secretaria de Minas de la Gobernación de Antioquia, si bien más del 90 por
ciento del territorio del Suroeste está entre solicitado y titulado para
exploraciones, las estadísticas muestran que menos del uno por ciento, cuando
tienen suerte, se explota.
"Es una situación
preocupante. La legislación considera la minería como una actividad de interés
público y no consulta a los particulares. Cualquiera puede acceder a un título.
La exploración en zona rural no necesita autorización del municipio. Nuestra
tarea, con Corantioquia, es proteger el medio ambiente", agregó Cadavid.
La funcionaria precisó que
hasta el 3 de noviembre Antioquia tiene la delegación en titulación y
contratación minera y que esperan que el Gobierno se las prorrogue para poder
vigilar que no se afecten las vocaciones económicas y que las empresas hagan la
recuperación del terreno si no encuentran nada.
El temor de la población
En Caramanta tienen asiento
tres empresas. A mitad de año Corantioquia ordenó la suspensión de actividades
de exploración a la compañía canadiense
Caramanta Conde Mine por hacer
uso ilegal de los recursos naturales de un Distrito de Manejo Integral (DMI).
Noelia Flórez, presidenta de
la Asociación Agropecuaria de Caramanta, denunció también que la Tolima Gold Mine estaba vertiendo aguas contaminadas a la
quebrada Chirapotó y en la plataforma (área de seis metros cuadrados donde se
instala el taladro de seis centímetros de diámetro) había aceite derramado.
"Los denunciamos ante Corantioquia y lo que hicieron fue pasarse al otro
lado del río", expresó Flórez.
Flórez también reconoció que
la multinacional Solvista, que tiene dos
plataformas en el corregimiento Barro Blanco, de Caramanta, ha sido más
responsable con el uso del agua, Esto les ha permitido recorrer la zona de
influencia y conocer sus proyectos.
"Solvista tiene solicitadas varias fuentes de agua y
nos opusimos a que utilizaran la quebrada Organales, que abastece a Barro
Blanco. En algún momento encontramos desperdicios de sus empleados, pero ya lo
corrigieron", afirmó la líder comunitaria.
Por su parte, en Támesis,
donde también hay títulos de exploración inactivos, en dos ocasiones que
la Solvista ha ido a socializar su proyecto en el
Concejo, organizaciones sociales y ambientales han salido a marchar porque,
según Herman Vergara, líder del Cinturón Occidental Ambiental, nunca han sido
mineros y no lo quieren ser.
"Los tamesinos somos
agricultores. Toda la población está sensibilizada, desde el más pequeño hasta
el anciano. O que me digan ¿Dónde hay minería ecológica? ¿En qué municipio
minero hay calidad de vida? Además, siempre llega la prostitución y la delincuencia",
agregó Dora Hincapié, vocera del Comité por la Defensa del Territorio del
municipio de Támesis.
'Hacemos minería responsable
y también somos ambientalistas'
Solvista es una sociedad
colombiana que cuenta con capital extranjero. Está registrada en la Bolsa de
Toronto y tiene tituladas cerca de 20.000 hectáreas para exploración en el
Suroeste.
El gerente general, José
David Castellanos, afirmó que el proceso de exploración y factibilidad puede
tardar más de 10 años y que, en caso de encontrar oro en un sector que podría
ser de ocho hectáreas, evalúan su rentabilidad, y piden un crédito a bancos
internacionales, no sin antes certificar que cumplen las normas ambientales.
"La banca deja un
porcentaje en fideicomiso para garantizar el cierre de la mina una vez termine
la explotación. No afectamos la producción agrícola que haya alrededor pues se
hace de manera organizada, con las licencias ambientales", precisó.
Castellanos agregó que son
muy vigilados y que las cuencas solicitadas son solo para caminarlas. Para las
perforaciones cuentan con permiso de Corantioquia para tomar 1,5 litros por
segundo de la quebrada, que no afectan a los habitantes y que luego regresan
tratados a través de unos tanques con trampas de grasa y lodo.
"Entre 2010 y 2013
invertiremos 18 millones de dólares en exploración. Parte de esos recursos
quedan en la región. Tenemos 50 empleados y contratamos el transporte y la
comida en la zona. También orientaremos a la gente para que se capacite y
puedan laborar en una eventual explotación", dijo el gerente.
OSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ A.
Enviado especial de EL
TIEMPO
Suroeste de Antioquia
Es cierto cualquier parecido con la realidad del Líbano Tolima es por la Locomotora Minera.
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