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| Fuente. Internet. |
Con el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y
Popular donde nos movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país,
hoy nos reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular.
Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos sectores
populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente
movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro para
avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.
El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un
avance para el movimiento social colombiano, en especial para los sectores
campesinos, indígenas y afros. El Paro representa la movilización más
importante y contundente de los últimos años en el país. Podemos decir con
orgullo que por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos
logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para
defender nuestra dignidad y nuestros derechos. Durante 24 días nos hemos
movilizado en veintidós (22) departamentos del territorio nacional, para
expresar nuestra inconformidad por las políticas de despojo, y desigualdad que
se han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto en discusión
democrática una serie de exigencias, propuestas y soluciones, recogidas en
diversos pliegos que recogen nuestros planteamientos.
Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta
del gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el
excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros pliegos
y justas demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros
líderes, con la militarización de los
campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta
social. La represión gubernamental deja un saldo desolador, que incluye la
pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de
violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas
heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y
amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques
indiscriminados a la población civil en
diferentes departamentos del país.
El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta
a la crisis del campo y del país en general generada por políticas que han
empobrecido en especial a la población rural. Los gobiernos de turno han
impulsado un modelo económico diseñado para favorecer a terratenientes,
ganaderos y empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías
campesinas, indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre comercio que
han facilitado la importación de productos subsidiados que han quebrado a los
pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una política de impulso
a la gran minería transnacional que ha despojado a comunidades, que ha golpeado
a los pequeños mineros, que ha acaparado el agua en las regiones y ha
contaminado nuestros territorios. Como si fuera poco, el gobierno persigue a
los cultivadores que guardan sus propias semillas para su producción,
amenazando gravemente la soberanía y autonomía alimentaria nacional, y
favoreciendo a los grandes monopolios globales que controlan las semillas y los
insumos.
Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo
en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los
territorios colectivos indígenas y afro,
que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que
desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la
tierra cultivable. También planteamos la derogatoria de las leyes que han
incentivado el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el
desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por notarios
espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de
implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción
agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la
anulación de los Tratados internacionales que afecten a los productores
nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre los
pueblos de América Latina y el mundo.
En ese marco, nuestros procesos han redactado
pliegos que recogen nuestras propuestas
para el campo colombiano. Exigimos tierras para los pueblos que las
trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra,
reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo anterior solo
se lograra con la adjudicación y
dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra
directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación
inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos
para ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras
masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la
ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de tierras y Detener
la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo
caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.
Exigimos
que el Estado
fije precios de
sustentación para la
producción campesina, que se garantice una remuneración efectiva a
los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos la
reducción de los precios de los combustibles, de los precios de fertilizantes,
insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la
gran minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de
proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la formulación
de la política agraria. También se plantean condiciones para la discusión
pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la
política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el
lucro de las grandes empresas.
Exigimos una política de sustitución autónoma y
concertada de cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las
fumigaciones y la erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que
no se debe perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no
debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la
política del Estado.
Luchamos por el reconocimiento político del
campesinado. Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales
para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión
social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios
públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho
para el campesinado colombiano.
Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y
hombres participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular,
rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos
que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los
terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia
radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren
aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su
sudor. Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura,
representante de un modelo de agronegocios que ha sido agente de contaminación
ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las
condiciones laborales de los trabajadores. No creemos que sea la persona
adecuada para impulsar la política agraria que necesita el país. Seguiremos
construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como camino a la
defensa del campo y sus habitantes más humildes.
Hoy es el momento de que se consoliden propuestas
desde los distintos sectores de la sociedad, pero en concreto que el
campesinado, los afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus
vivencias construyan espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en
que puedan opinar y decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al
frente de nuestros problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos
da este momento histórico.
Es necesario avanzar en la construcción de la
cumbre agraria y popular teniendo en cuenta que la movilizacion no es algo que
haya terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del
ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de
construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas
organizaciones que confluimos en este espacio
Por lo tanto, buscamos construir el proceso de
resistencia y movilización social para recoger y articular los acumulados de
lucha, anhelos y clamor, de transformación social del pueblo colombiano, para
traducirlos en una propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a
partir de políticas democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes,
que sienten las bases de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la
vida digna, que recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con justicia social
de las colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo,
municipio, vereda, corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o proceso
organizativo.
Es por eso que hacemos un llamado a todos los
campesinos y campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia,
organizaciones agrarias y populares, como también al conjunto de la población
colombiana, a que nos juntemos en la cumbre agraria y popular a realizarse en
el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación masiva de los diversos
sectores populares y sociales, que permitan construir las propuestas,
soluciones que darán respuesta al conflicto agrario y social que vivimos.
Invitamos a construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.
Bogotá, 12
de septiembre de 2013
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