martes, 22 de octubre de 2013

DENUNCIA PÚBLICA: MINERÍA ILEGAL EN EL LÍBANO QUE AMENAZA LA VIDA


OBSERVATORIO SOCIOAMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE LOS NEVADOS

DENUNCIA PÚBLICA

Tras los datos que nos dicen que el 70% del territorio del Líbano  Tolima esta entregado para minería, con explotaciones actuales como la del Alto del Toro con una capacidad de 2 millones de onzas, en un título minero que abarca hasta el municipio de Villahermosa propiedad de la empresa Mina el Gran Porvenir, la Mina las Animas en el municipio de Santa Isabel que abarca al Líbano en un título minero propiedad de la Anglo Gold Ashanti y exploraciones de la empresa Mineros S.A en asocio con Anglo Gold Ashanti que dejan nacimientos de agua desaparecidos y tierras inservibles.

Se suma una tragedia social ante una estela de ilegalidad, que es atraída por el boom de la minería, acercando a aquellos que bajo el uso de la fuerza arrasan con la tranquilidad de las comunidades y con los recursos naturales.

HECHOS

La mina el Cairo ubicada al sur del municipio del Líbano en la vereda La Marina, se ha explotado de manera ilegal desde años atrás, en los últimos dos años fue objeto de exploración por parte de Mineros S.A, pero su explotación y el mismo proceso de exploración se vio truncado ya que la quebrada La Plata afluente del Rio Recio, esta concesionada para consumo humano, por lo tanto el agua que deseaban usar para minería no fue dado por Cortolima, aunque la empresa en varias oportunidades apelo la decisión, además en este mismo sector Mineros S.A causo un desastre ecológico y ambiental al explorar en sitios no indicados, ni permitidos y secar nacimientos de agua.

Mineros S.A deja sus obras en el municipio a inicios del año 2013 aún sin que las autoridades competentes esclarezcan su responsabilidad; en el sitio de exploración donde se ha ubicado por años la Mina el Cairo, reinician labores personas particulares, usando mercurio y las aguas de la quebrada La Plata, además de imponer su fuerza con la presencia de hombres armados, esta explotación está en manos de Jairo Duque propietario de la finca donde se ubica la mina, personaje que amenaza continuamente a la comunidad, permaneciendo armado y en alto grado de alicoramiento.

viernes, 4 de octubre de 2013

ZONAS DE RESERVA CAMPESINA EN RIESGO DE DESAPARECER DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO

Por. Agencia Prensa Rural.

Lo que no han logrado ni los ilegales señalamientos públicos del Ministerio de Defensa, ni el lobby de los latifundistas palmeros o ganaderos; lo que no pudo hacer Álvaro Uribe Vélez en 8 años de mal gobierno, puede ser perpetrado de un plumazo por una eventual sentencia de la Corte Constitucional que falle sobre la constitucionalidad de los artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley 160 de 1994, que han dado vida jurídica a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), y que hoy se encuentran demandados por su presunta inconstitucionalidad.

Un fallo de la Corte Constitucional que declare a estos artículos como contrarios al régimen constitucional, dejaría sin piso jurídico un instrumento legal en el que millones de campesinas y campesinos han encontrado la posibilidad de materializar sus históricas exigencias de reconocimiento a su territorialidad, de justicia social, de sus derechos culturales, políticos, económicos y sociales, y en el que el país tiene una posibilidad de gestión sostenible de las áreas rurales hasta ahora en abandono.

SEGUNDA REUNIÓN ENTRE LA MIA Y EL GOBIERNO NACIONAL

Mesa de Interlocución y Acuerdo.
Foto. Marcha Patriotica
Por: Comunicaciones MIA
Tomado de: wwwmarchapatriotica.org

Con la lectura del informe de la primera reunión de garantes realizada el miércoles 2 de octubre y el seguimiento al punto 19 del acuerdo de Popayán en relación con los retornos de las poblaciones a sus lugares de origen se dio inicio a la reunión.

El delegado de la MIA, Fabio Agudelo, hizo la presentación de la propuesta integral del punto 1 del Pliego de Peticiones que  tiene como principal intensión promover y garantizar la soberanía, seguridad y autonomía alimentaria del país, sobre la base de la producción de la economía campesina, indígena y afrodescendiente. Dentro de la propuesta de implementación se plantea: fijación de precios de sustentación para la producción campesina, la reducción de los combustibles y peajes, control de los precios de fertilizantes, insecticidas y abonos, derogación de la política antidroga, fin de las fumigaciones y la erradicación manual, derogatoria de la normatividad de la despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales, freno de importación de alimentos y productos agropecuarios, suspender y revisar los tratados de libre comercio, condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero, adopción de seguros de cosechas.